(Por: Rubén Lasagno) – OPI Santa Cruz es el único medio en la provincia que habla del tema petrolero, los negocios cruzados del gobierno con las operadoras, algunas socias financieras de la provincia y fundamentalmente en varios informes hemos abordado un tema de relevante importancia y muy central en Santa Cruz: los pasivos ambientales, sobre el cual nos vamos a detener y analizar en esta oportunidad.
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Para introducirnos en el tema que vamos a analizar pormenorizadamente en un par de informes a publicar en los próximos días, debemos señalar que el día 4 de marzo del 2026 el señor Mauro Morelli Pellón, recibió de parte del gobierno provincial, en base a un Amparo presentado oportunamente por esta persona por pedido expreso de Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, una copia del acuerdo firmado entre el gobierno provincial e YPF, al cual el gobernador y la petrolera, resguardaron con cláusulas de confidencialidad, reserva y secreto que, cuando esto sucede, hace pensar en lo fundamental: el gobierno no quiere que la opinión pública conozca los términos desventajosos en los que se ha firmado; en este caso nada más y nada menos que “el no saneamiento” de los pasivos ambientales que deja la petrolera estatal en zona norte y la forma en que el gobierno desliga a YPF de los verederos costos de ese trabajo y la responsabilidad a futuro.
Pero, aún sobre la existencia de este documento que en la práctica favorece en todo a YPF, un socio estratégico de Vidal, quien debería dar respuesta de por qué, tras tener este documento durante tanto tiempo en sus manos, no hizo la denuncia penal formal ante la justicia, es el intendente Pablo Grasso, supuestamente “el opositor político” del gobernador Claudio Vidal, firmante de esta virtual entrega de patrimonio público y liberación de responsabilidades a su socio petrolero.
El Intendente Grasso que tanto se preocupa por los desastres que hace el gobierno provincial, “cacarea” solo de palabras, porque no ha levantado un solo dedo para cuestionar lo que aquí se puede leer claramente. Tampoco hemos visto a un diputado provincial hacer expresamente esta denuncia. ¿Qué se oculta detrás de esta ignominia contractual entre el Estado provincia y la petrolera de Milei?.
Aquí la verdad de lo oculto entre YPF y Claudio Vidal
Hoy vamos a retomar esta serie de informes que venimos publicando, pero esta vez con una documentación crítica, porque tenemos en nuestras manos el “Memorando de Entendimiento YPF – PROVINCIA DE SANTA CRUZ – FOMICRUZ” en el cual hay tres cláusulas fundamentales que vamos a detallar que son las N° 3, 10 y 11 de dicho memorándum y su posterior Adenda donde se revela el andamiaje jurídico y financiero diseñado para la salida de YPF de la provincia y su cobertura vergonzosa por parte del estado provincial.
Estas cláusulas estructuran el límite de la responsabilidad de la operadora y la transferencia definitiva de los pasivos ambientales y laborales hacia el Estado Provincial (vía FOMICRUZ) y las futuras operadoras. Cabe recordar que este documento, el gobernador no lo hizo pasar por la Cámara de Diputados y jamás se difundió su contenido. Claro, al terminar este informe, nos damos cuenta por qué.
De su lectura resulta que el acuerdo diseña una salida “limpia” para YPF. La operadora limita su exposición financiera al pago del Bono de US$ 200 millones (Cláusula 3) y al financiamiento exclusivo de lo que quede plasmado por escrito en el “Programa de Saneamiento” auditado (Cláusula 7).
El documento firmado entre el gobierno e YPF determina que “cualquier daño ambiental preexistente que escape a ese documento, o cualquier pasivo laboral resultante de la transición, es absorbido directamente por FOMICRUZ”, es decir se hace cargo la provincia, o bien transferido a los futuros operadores a través de un esquema de indemnidad plena (Cláusulas 10 y 11), lo cual como OPI ya informó, las nuevas operadoras se negaron a asumir esa responsabilidad que es un gasto super millonario que nos les corresponde.
Además, la Adenda permite a la provincia utilizar un bono resarcitorio de 60 millones de dólares pactados con YPF, para gastos corrientes u obligaciones generales, diluyendo su aplicación exclusiva en infraestructura o remediación.
Las tres cláusulas fundamentales
Hay tres cláusulas en todo este documento de 29 páginas que son fundamentales detallar: la Clausulas 3, 10 y 11.
Cláusula 3: el Bono Resarcitorio como “escudo financiero”
Esta cláusula establece la compensación económica de YPF por su salida, pero está redactada de manera que funciona como un blindaje ante futuros reclamos, incluidos los ambientales.
YPF se compromete a realizar un pago “único e integral” de US$ 200.000.000 a la Provincia. Este monto se considera “un pago a cuenta” para cubrir todos los costos derivados de cualquier contingencia, reclamo o eventualidad, “incluso de carácter ambiental” (SIC), que pudiera surgir en relación con las áreas cedidas.
Este es el vergonzoso acuerdo del Gobernador con YPF
Se efectúa un cronograma de pagos en pesos argentinos al tipo de cambio oficial del BNA. El 70% se abona a los 5 días hábiles de la Fecha de Cesión y el 30% restante a los 5 días hábiles de la Fecha Fin de Operación o cuando se defina el Programa de Saneamiento Ambiental, lo que ocurra último.
Originalmente, el texto exigía que estos fondos se destinaran al “programa de infraestructura provincial” y se depositaran en el Fondo Fiduciario UniRSE. Sin embargo, la Adenda amplió considerablemente la discrecionalidad del uso de estos fondos, permitiendo que se destinen a “proyectos de inversión, obligaciones y/o compromisos existentes que se consideren de prioritaria atención”. Asimismo, habilitó que el dinero se deposite no solo en el UniRSE, sino también en la cuenta de la Tesorería General de la Provincia que determine el Ministerio de Economía.
Cláusula 10: Transferencia del pasivo laboral y contractual
Aunque la cláusula 10 no es estrictamente ambiental, es fundamental porque establece el mecanismo de “indemnidad” (liberación de responsabilidad) que YPF exige y que luego se replica en el área ambiental (Cláusula 11).
En la Fecha Fin de Operación, “YPF transferirá los contratos y equipos asociados a las áreas a las nuevas “Empresas Continuadoras“, dice.
Se establece taxativamente que el pasivo laboral derivado de eventuales indemnizaciones al personal será “responsabilidad en su totalidad de la Empresa Continuadora”, es decir YPF se libera de dicha responsabilidad.
Este es el vergonzoso acuerdo del Gobernador con YPF
FOMICRUZ asume la obligación de mantener “indemne” a YPF frente a cualquier reclamo de terceros asociado a estos pasivos laborales y debe garantizar que las Empresas Continuadoras asuman este mismo compromiso.
Cláusula 11: Cierre definitivo de la Responsabilidad Ambiental
Esta es la cláusula de mayor sensibilidad ambiental, ya que define el punto de corte exacto donde YPF deja de ser legal y financieramente responsable por los pasivos acumulados en las áreas.
La Provincia y FOMICRUZ reconocen expresamente que la responsabilidad de YPF “quedará concluida” una vez que se ejecute el Programa de Saneamiento Ambiental y Abandonos y este sea aprobado por la autoridad Ambiental Provincial.
Si surgieran pasivos ambientales, contingencias, multas o costos de remediación que “no hubieran sido identificados o hubieran sido incluidos en el Plan de Saneamiento” (dice el memorándum), FOMICRUZ se obliga a mantener indemne a YPF frente a estos reclamos. Esto significa que cualquier daño ambiental histórico no detectado en las auditorías previas recaerá sobre las arcas provinciales o las nuevas empresas, no sobre YPF.
FOMICRUZ debe tomar “todas las medidas necesarias” para que las Empresas Continuadoras asuman frente a YPF esta misma responsabilidad legal por los pasivos ambientales emergentes. Serán estas nuevas operadoras las responsables de los costos de remediación de situaciones no identificadas en el Plan original. Recordemos que OPI publicó un informe donde las operadoras rechazaron de plano esta exigencia.
La cláusula cierra con FOMICRUZ otorgando a favor de YPF una “indemnidad plena” (defender a la petrolera en todos sus términos9 que engloba absolutamente todos los conceptos laborales (Cláusula 10) y ambientales (Cláusula 11).
En próximo informe abordaremos la forma en que el gobernador Claudio Vidal firmó esta verdadera cláusula de impunidad con la petrolera YPF con conocimiento de todos los intendentes de zona norte, el de la capital provincial y el Sindicato de Petroleros Privados. (Agencia OPI Santa Cruz)
